El Gobierno regional ya ha señalado que sin financiación no se les puede atender y estudia recurrir el decreto

Esther Padilla, consejera portavoz/ JCCM

El Real Decreto aprobado este martes por el Gobierno con la oposición de la mayoría de autonomías, cifra en 692 plazas la capacidad de acogida de Castilla-La Mancha.

La norma avalada en el Consejo de Ministros, que supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para el conjunto del país.

La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

El real decreto supone, según ha expresado en una nota la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país"; así, a partir de este momento, "está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido".

Sin embargo, la mayoría de comunidades rechaza el sistema, y, de hecho, diez gobernadas por el PP y la de Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional. Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que recurrirá los últimos decretos y pedirá suspender cautelarmente el reparto.

Recursos al decreto

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha advertido que es "imposible" que la región asuma la acogida de 692 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias en "condiciones dignas" si el Ejecutivo central no lo financia.

Padilla ha insistido en que la Junta de Comunidades "va a acoger" y mantiene la solidaridad con Canarias, pero ha señalado que el modelo de acogida castellanomanchego es un modelo "de dignidad" que "no puede cumplirse con un modelo de masificación", por lo que ha vuelto a reclamar una "financiación suficiente" para dar esa acogida "en condiciones dignas".

Por su parte el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha declarado que "tenemos claras cuáles son nuestras competencias y estamos dispuestos a colaborar para resolver un problema que tenemos como país, pero eso no puede ser a costo de los presupuestos de la comunidad autónoma".