El grupo parlamentario regional de Vox afirma que ha reintegrado el dinero y no hay "irregularidades"

Pablo Bellido es presidente de las Cortes CLM además de Secretario General del PSOE Guadalajara.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha anunciado este martes la intención de promover una reforma del Reglamento de la Cámara autonómica o de sus instrumentos de gestión económica para reforzar el control del dinero público asignado a los grupos parlamentarios, después de que el interventor haya reclamado a Vox la devolución de más de 34.000 euros transferidos a la sede nacional del partido y que no han sido gastados.

A preguntas de los periodistas, Bellido ha confirmado que la Mesa de las Cortes tomó conocimiento del informe de fiscalización que detectó que el grupo parlamentario de Vox en Castilla-La Mancha envió a Madrid fondos no gastados del ejercicio 2024, una práctica que el presidente ha calificado de “inédita e inaceptable” en la historia del parlamento autonómico y va a motivar una reforma de la normativa para que no se repita.

“El dinero que se entrega a los grupos procede de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe utilizarse exclusivamente para la representación parlamentaria dentro de la región”, ha subrayado Bellido, quien ha precisado que la transferencia de fondos a la dirección nacional del partido resulta ética y políticamente reprobable, además de ilegal en la parte correspondiente al remanente que Vox pretendía retener.

Bellido ha anunciado que, a raíz de esta situación, se impulsará una clarificación normativa “escrupulosa, fina e incontrovertible” sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos de la Cámara. “Vamos a dejar absolutamente claro lo que se puede y lo que no se puede hacer con el dinero público que reciben los grupos. Tiene que emplearse en Castilla-La Mancha, y para Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

El presidente de las Cortes ha explicado, además, que, tras el requerimiento de la intervención, Vox deberá devolver a la institución más de 34.000 euros, porque la normativa impide que la caja estatal de Vox se quede con una cantidad que no ha sido gastada.

El dirigente socialista ha indicado que el PSOE y el PP coinciden en la conveniencia de revisar las normas internas para evitar que casos como éste se repitan en el futuro, ya sea mediante una reforma del Reglamento de las Cortes o a través de nuevos mecanismos de control presupuestario.

Bellido ha vinculado esta actuación con la actitud política de Vox, al considerar que el partido “se presenta a las elecciones en una región en la que no cree y que a veces incluso sabotea”, y ha defendido la necesidad de reforzar la ética institucional y la rendición de cuentas en el uso del dinero público.

Diputados regionales de Vox en las Cortes de Castilla la Mancha. Foto: web VoxVox: "No hay irregularidades, ni actuaciones impropias"

Por su parte el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla La Mancha ha emitido un comunicado con el que "desmiente rotundamente la información publicada por El País" (Diario que ha publicado la noticia hoy) y que ha sido reproducida por otros medios de comunicación nacionales.

Vox indica que la noticia tiene "errores graves yu afirmaciones falsas". Reafirman que las actuaciones económicas del grupo parlamentario "se ajustan plenamente a la normativa vigente y a los mecanismos de fiscalización establecidos para el uso de fondos públicos."

Reconocen que existe un convenio con el partido Vox a nivel nacional "para garantizar el cumplimiento estricto de los requerimientos del Tribunal de Cuentas." Argumentan que en dicho convenio se incluye una cláusula de remanente que "fue revisada y avalada por los servicios jurídicos y auditada por la Intervención de las Cortes, sin que se planteara objeción alguna en su momento".

Esta es la clausula de la discordia puesto que este año entró en vigor la regla por la que no podría mantenerse dentro del nuevo marco normativo. El partido, y el grupo parlamentario autonómico "procedió de manera inmediata al reintegro del remanente y notificó que en la renovación del convenio no se incluiría dicha cláusula, ajustándose así a las nuevas directrices de la Intervención".

Concluyen con la legalidad de sus procedimientos sin irregularidades ni actuaciones económicas impropias de Vox.