Mi hija sigue escolarizada en el colegio público de Educación Especial, CEE Virgen del Amparo, en Guadalajara, único de toda la provincia, junto a 122 alumnos más con necesidades especiales.

Lo cierto es que las cosas han variado un poco desde mi último escrito hace ya 4 años, algunas a mejor y otras a peor y eso sí, muchos parches por todos los lados a nivel infraestructuras.

Gracias a las quejas y reclamaciones, conseguimos tener 19 ATES (y 3 más por refuerzo Covid), cuando eran 110 alumnos, y ahora con 122 para este curso 2022/2023 seguimos igual. Estos técnicos se dividen en 3 turnos, atendiendo un total de 13 técnicos a todo el alumnado, en horario lectivo. Ellos atienden las necesidades de higiene, apoyo, alimentación y desplazamientos, entre otras labores, a los 122 niños y niñas que allí se escolarizan durante la mañana. Sigue siendo insuficiente y seguimos exigiendo más apoyo.

Me duele saber que, en un centro ordinario, mi hija podría tener un/una ATE para ocuparse toda la jornada de sus necesidades en exclusiva.

Del mismo modo, me asusta saber que en un comedor de alumnos, en los que existen problemas graves de salud (crisis epilépticas, reflujos, autolesiones, flemas, problemas de conducta…), aproximadamente 35 niños y niñas que comparten espacio, son supervisados durante cerca de 45 minutos tan sólo por dos ATE y un educador, estos 2 ATES, que se dedican a los cuidados básicos de higiene como puede ser cambio de pañales en ese periodo, deben dejar solo a un educador con el resto de alumnos.

Me entristece saber que el número de ATES en este colegio de educación especial no es suficiente para garantizar que todos los niños y niñas lleguen limpios a casa, un colegio en el que el 35 % de alumnos y alumnas llevan pañal.

Me asombra conocer que en un colegio de Educación Especial, en el que el número de niños y niñas que se desplazan en silla de ruedas es cada vez mayor (alrededor de 30 sillas), exista aún una rampa de acceso al comedor y gimnasio que no cumplen con la normativa de accesibilidad, rampa que usan todos los días los alumnos.

Me enfada observar como una silla de ruedas entra con dificultad en la mayoría de las aulas (o en algunos casos no entra) por puertas que no han sido cambiadas en 40 años incumpliendo otra vez más la normativa de accesibilidad, ya que no tienen los 80 cm.

Me indigna saber que las bajas de los Auxiliares Técnicos Educativos en algunos casos no se hayan cubierto durante el curso escolar. Me duele pensar que a las distintas administraciones realmente no les importa la calidad de la atención educativa hacia nuestros niños y niñas.

Me siento desolada al saber que es el único centro educativo sin un salón de actos, y sin un polideportivo donde nuestros chicos y chicas, puedan disfrutar de sus festivales, y más aún cuando la excusa es que no hay dinero o que hay que repartirlo.

Me enfada saber que los lavabos de un colegio de Educación Especial no están todos adaptados, que mi hija no pueda ni lavarse las manos porque su silla no entra debajo del lavabo.

Siento perplejidad por saber que 3 fisioterapeutas son los que atienden de forma directa e indirecta a gran parte del alumnado, muchos de ellos con grado de discapacidad motriz muy elevado, trabajan la autonomía y refuerzan la motricidad. ¿3 profesionales para el único colegio de educación especial de toda una provincia? Las cuentas no salen.

Siento mucha pena porque sé que mi hija no podrá asistir a una excursión con el resto de compañeras y compañeros, debido a que sus cuidados exigen un profesional de enfermería. Al igual que ella, hay más niños con afectaciones de salud en la misma situación y contamos con una única enfermera para todos los niños en horario lectivo, por lo que no puede abandonar el colegio para acompañar a los alumnos que salen del centro, excepcionalmente.

Y yo pregunto, ¿Para cuándo una Ley de Enfermería Escolar?

Es contradictorio que en España sea obligatorio contar con una enfermera de trabajo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que, en centros escolares con varios cientos de alumnos no sea obligatorio. Hablamos de alumnos con múltiples patologías, muchos a los que administrar medicación, 7 alumnos con gastrostomía, yeyunostomía, sondajes, crisis epilépticas y un sinfín de dificultades. 

Siento pesadumbre porque el único colegio de la provincia tenga graves problemas de aislamiento térmico que conlleva un problema de temperatura en algunas aulas 15 grados en invierno y hasta 33 en verano, con goteras y humedades que convierten el hábitat en insalubre.

La Ley entiende de ratios, pero no entiende de necesidades, de discapacidad, de patologías, de dependencia y de evolución. He aquí el gran dilema: estos ratios que establecen las proporciones de profesionales/alumnos provienen de un Real Decreto de 1990, de incluso antes de que la educación fuera obligatoria. Y esto es lo que debemos cambiar YA.

Me enfurece saber que las ratios de este personal no docente son, según lo manifestado por la consejería, inferiores a las contempladas en dicha orden. Y más me irrita saber que El Defensor de Pueblo, el alto cargo de las Cortes Generales, el encargado de defender nuestros derechos fundamentales, conozca la situación desde el 2020 y no intervenga.

Me despido sin más, aunque podría contar muchos más aspectos de la situación en la que se encuentra el colegio de mi hija, pero no voy a seguir, hoy no.

Y antes quiero agradecer a todos los que allí trabajan con entrega, amor y dedicación a nuestros niños y niñas, que son los mejores profesionales en las peores circunstancias imaginables. Gracias por enseñarles, atenderlos, quererlos y cuidarlos por tener siempre una sonrisa para ellos y para nosotros sus padres. Gracias por todo y no todo es negativo, lo mejor de allí son todos nuestros hijos e hijas y todos los trabajadores que se esfuerzan y luchan diariamente. Gracias también al extraordinario equipo directivo, son los mejores, sin duda alguna.

Pura García e Iván Aceituno, padres de IRIANA