Sostiene que las desalinizadoras multiplican por cuatro la factura energética y por cinco el coste económico. 

Murcia asegura que sin el trasvase no serían competitivos.

 La Consejería de Agua de la Región de Murcia y el Colegio de Economistas realizarán un estudio sobre el impacto que tiene en la región de Murcia la disminución de las aportaciones hídricas del trasvase Tajo-Segura, según han acordado este lunes el consejero, Antonio Luengo, y el decano de dicho colegio, Ramón Madrid.

Según un comunicado de la Comunidad, en dicho estudio el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) establecerá varios indicadores sociales y económicos de las orientaciones agrícolas del regadío murciano.

"Nos interesa conocer las variaciones que el déficit de agua puede tener sobre la productividad socioeconómica y es ahí donde queremos colaborar con el Colegio de Economistas para abordar el impacto que esta reducción en la llegada de agua tiene en los ingresos, los sectores agrícolas, ganadero y del transporte, así como la afección a la población activa regional y a los ingresos de la Comunidad Autónoma de Murcia en distintos escenarios a corto y medio plazo", ha detallado Luengo.

El consejero ha explicado que el Gobierno regional quiere contar con este estudio "para hacerle saber tanto al Gobierno central, como a la sociedad en general, las consecuencias que puede acarrear la disminución de aportaciones hídricas del trasvase" que Murcia está "sufriendo en los últimos meses por las injustas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica".

En este sentido, ha recordado que "las reglas de explotación fijan las cantidades que cada mes se deben trasvasar del Tajo al Segura, siguiendo los criterios de la Comisión Técnica de Explotación".

Ha lamentado que, sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica "desoyó en los meses de noviembre y diciembre las recomendaciones de los técnicos sobre los volúmenes trasvasables, y negó el envío de agua al Levante para regadío".

Asimismo, ha criticado que "en enero, el Ministerio anunció su intención de trasvasar 16,5 hectómetros cúbicos, cuando, según los criterios técnicos, nos correspondían 20 hectómetros”.

El consejero ha resaltado los aspectos positivos para la zona del Levante de la infraestructura del trasvase, inaugurada el 31 de marzo de 1979, que genera cada año 110.000 empleos directos, principalmente en el sector agrícola, y alrededor de 30.000 más inducidos en el ámbito industrial y del transporte en las provincias de Alicante, Murcia y una parte de Almería.

Sostiene que no es solución las desalinizadoras

Luengo ha sostenido, asimismo, que se obtiene a través del trasvase no puede ser sustituida por la de las estaciones desalinizadoras porque ésta última multiplica por cuatro la factura energética y por cinco el coste económico, lo que provocaría una pérdida de competitividad y de seguridad económica, perjudicando de forma determinante a un sector con una clara vocación exportadora.

“Sin las transferencias del trasvase no habría caudal ecológico en el río Segura y se produciría una mayor sobreexplotación de los acuíferos, contribuyendo a una degradación natural de los recursos”, ha explicado el consejero, quien ha añadido que "la superficie que riega el trasvase constituye una zona verde que absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono, así como que la generación de empleo que conlleva detiene las tradicionales corrientes de emigración del sureste peninsular a otras zonas del país".

Antonio Luengo ha defendido que "el agua es de todos los españoles, es decir, un bien público y no privativo de ninguna comunidad autónoma en particular".