La protesta será el 3 de marzo ante la sucursal briocense de Guadalajara
Plaza de El Coso en Brihuega/ Google
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara ha convocado para el próximo 3 de marzo una protesta frente a la sucursal de Ibercaja en Brihuega. Consideran que hubo un "intento de engaño" en un acuerdo de dación en pago contra una mujer, que además era víctima de violencia de género y tenía derecho a un alquiler social.
Según la PAH, la entidad bancaria utilizó su condición de víctima de violencia para que asumiera el acuerdo, consistente en que entregara su vivienda al banco a cambio de 3.000 euros y sin alternativa habitacional, cuando el valor de subasta en caso de ejecución hipotecaria era mucho mayor.
"Es habitual que los bancos acudan a estas prácticas para conseguir de las mujeres afectadas la entrega de las viviendas en condiciones que normalmente nadie aceptaría", señala la PAH en una nota de prensa.
Según informa la PAH la afectada, que en su día no pudo hacer frente a las cuotas del préstamo hipotecario que había adquirido con la que entonces era su pareja, solicitó en septiembre de 2019 acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias, pidiendo el alquiler social a la entidad en un lugar alejado del núcleo del maltratador, en función de que Ibercaja es una de las entidades adheridas al Fondo Social de Viviendas.
Tras varias reuniones entre la PAH y la entidad, se interpuso una empresa gestora llamada Intrum, a quien Ibercaja había cedido todos los datos relativos a su orden de protección, que, mediante llamadas telefónicas y mensajes de Whatssap, presionó a la mujer para que aceptara una dación en pago sin alternativa habitacional, oferta que luego incluyó un pago de 3.000 euros por el desalojo inmediato de la vivienda, según la PAH.
“Lo que nunca había transmitido esta gestoría era que la vivienda tenía establecido en su contrato hipotecario un valor de tasación de 117.000 euros que, en caso de que Ibercaja hubiera acudido al procedimiento de ejecución hipotecaria, hubiera supuesto inclusive tener que abonar una cuantía mayor a la afectada, cercana a los 10.000 euros, por la diferencia entre el sobrante de una futura subasta y la deuda que le reclamaba", precisa la Plataforma.
Aseguran que el objetivo de la gestoría contratada por Ibercaja era evitar, ante todo, la reclamación judicial de la deuda, quedarse con la vivienda de la afectada y eludir la obligación que tenía de proporcionar una vivienda alternativa del Fondo al que la entidad pertenece.
Para ello, concluye la PAH, "no dudaron en hacer uso de información confidencial proporcionada por la propia entidad y ocultarle que tenían la obligación de facilitar dicha vivienda"
