La directora general del agua en el Gobierno de España asegura que “se pondrá en marcha el procedimiento”

El gobierno de España estaba esperando la resolución del último recurso presentado contra el Plan Hidrológico del Tajo que cambiará las reglas del trasvase Tajo Segura y ese último recurso ha llegado.

El auto dictado por el Tribunal Supremo, el sexto que se realiza en los últimos meses, rechaza de plano la petición del sindicato de regantes SCRATS y se suma a los que anteriormente presentaron diversas instituciones, entre ellas las diputaciones del Levante. Un nuevo pronunciamiento del Supremo que consolida la línea que está siguiendo el tribunal y muestra que la política hidráulica y la gestión del Tajo debe cambiar.

Celebración en CLM

Desde CLM hay celebración por esta decisión. El presidente de CLM, Emiliano García Page, se felicitaba por la sentencia asegurando que "acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales".

Hoy mismo la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en declaraciones a los medios previas a la celebración del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, ha asegurado que esta sentencia del Tribunal Supremo “recoge íntegramente las alegaciones que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha y las suscribe como doctrina”. También ha asegurado que ya ha contactado con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para “ponerles de manifiesto que ya es tarde y que tienen que modificar las reglas de explotación”.

Para la titular de Desarrollo Sostenible “ya no hay excusas por parte del Estado y tiene que poner sobre la mesa la modificación de las reglas de explotación y la aplicación rigurosa de los caudales ecológicos”, sobre todo tras la demanda presentada por CLM que ha sido aceptada por la Audiencia Nacional y que no van a retirar mientras no tengan las garantías de que los cambios se ponen en marcha.

Según la consejera aún queda pendiente otro recurso de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena,  pero no les preocupa porque todo indica que el Tribunal seguirá en la misma línea que lleva en los últimos meses.

Desde el PP de CLM, su líder Paco Núñez, asegura que estas "supuestas victorias" no lo son para los ganaderos y agricultores de CLM.

Malestar en el Levante

Mientras en CLM se celebra esta decisión, en el Levante hay un patente malestar.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha declarado que el recorte del trasvase Tajo-Segura es "una decisión estrictamente política y arbitraria" y ha asegurado que "junto a toda la sociedad, lo vamos a revertir".

"No podemos permitir que Pedro Sánchez consume el hachazo porque es un ataque directo a miles de familias y al futuro de la Región de Murcia", ha escrito López Miras en un mensaje en X.

También invoca al presidente del gobierno el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que fue quien presentó en 2023 el recurso contra el Plan del Tajo que ahora ha sido desestimado. El presidente, Lucas Jiménez, ha pedido a Sánchez que dé marcha atrás en la medida y ha recordado que las medidas compensatorias que se aprobaron valoradas en 3.000 millones, han sido incumplidas en su mayoría según publica el diario El Mundo. Jiménez no descarta tomar nuevas medidas legales y asegura que a esta guerra “le quedan muchas batallas”.

Lo cierto es que, según publica el diario “La opinión de Murcia” este miércoles, desde el pantano de Cazalegas (Toledo), la directora general del Agua del Gobierno de España, María Dolores Pascual Pascual confirmó que, una vez despejado el marco jurídico, el Ministerio "pondrá en marcha el procedimiento de modificación de las reglas".

Los cambios en el trasvase

Con el nuevo Plan del Tajo se establece unos caudales ecológicos mínimos en el río a su paso por Toledo y Aranjuez, unos caudales que hasta ahora no se estaban respetando y que comprometían la salud del río y eso obliga a reducir el envío de agua al Levante que se podría establecer en unos 100 hm3 menos al año.

El cambio de reglas introduce dos cambios fundamentales: por un lado, eleva la cantidad de agua que tiene que haber embalsada en la cabecera antes de mandar un trasvase, y por otro reduce el volumen de lo que se trasvasa. En un primer momento se afirmó que esa reducción de aportaciones se iba a realizar de forma gradual hasta 2027 pero todo se paralizó con los recursos presentados por el Levante. Un parón que llevó al gobierno de García Page a denunciar al gobierno nacional por no estar aplicando las normas, un recurso que ha sido admitido por la Audiencia Nacional.