Han presentado alegaciones al proyecto de Red Eléctrica
Foto: Iberdrola
Vecinos y colectivos de La Alcarria, entre ellos la plataforma Aliente, reclaman una evaluación ambiental completa, mayor participación pública y que se justifique la necesidad de la infraestructura de 400 kV prevista en Yélamos de Abajo e Irueste, en Guadalajara.
La tramitación de la nueva subestación Yélamos 400 kV y de la línea aérea de doble circuito que permitirá su conexión con la actual línea Fuentes de la Alcarria–Trillo ha provocado la puesta en marcha de una campaña ciudadana de alegaciones que cuestiona tanto la justificación de la infraestructura como sus posibles consecuencias territoriales, ambientales y socioeconómicas, según informa Aliente en sus redes sociales.
El proyecto, promovido por Red Eléctrica de España, se encuentra sometido a información pública para la obtención de la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública y según la documentación cuenta con un presupuesto estimado de 8,49 millones de euros.
La campaña, impulsada a través de Aliente en Guadalajara en colaboración con la Asociación Alcarria es Patrimonio y Ecologistas en Acción de Guadalajara, articula sus objeciones en ocho bloques y las entidades han habilitado un formulario para facilitar la presentación de alegaciones antes de que concluya el plazo el 24 de agosto.
Entre las objeciones cuestionan la justificación de la necesidad y utilidad pública de la subestación y el posible efecto acumulativo sobre el modelo territorial de La Alcarria ya que una subestación de 400 kV y 600 MVA podría convertirse en un punto de conexión para otras instalaciones industriales, proyectos renovables o centros de datos y favorecer una progresiva industrialización de la comarca.
Otras alegaciones denuncian una supuesta falta de información, transparencia y participación ciudadana, o las afecciones sobre el paisaje, la agricultura y el medio rural además del riesgo de incendios y accidentes.
De este modo solicitan que las alegaciones sean incorporadas al expediente; que no se concedan las autorizaciones ni la declaración de utilidad pública hasta que se acredite suficientemente la necesidad, viabilidad y proporcionalidad de la actuación; que se realice una evaluación ambiental completa de sus efectos acumulativos; y que se abra un proceso de información y participación pública con habitantes, propietarios, agricultores, asociaciones y ayuntamientos afectados.
EFE