Ante su inminente puesta en vigor el lunes 18 de mayo
Foto AM/Gudiario
Que el derecho de manifestación libre está recogido en la Constitución de 1978 es un hecho. Que la expresión popular es una forma de exteriorizar ideas o sentimientos ante hechos concretos de decisiones de las autoridades públicas, es evidente.
Aunque se fijan siempre los plazos cada cuatro años para acudir a las urnas y aceptar o reemplazar los gestores públicos según su gestión global del pasado, no significa que la población se pueda movilizar ante algún hecho, norma o decisión concreta a mitad de mandato...
Y en este caso ya van dos las concentraciones que en la Plaza Mayor están pidiendo a la alcaldesa Ana Guarinos revertir el contrato con la empresa Dornier sobre la ampliación de la zona azul de aparcamiento regulado y sus consiguientes consecuencias para residentes... para empezar.
Prácticamente el mismo número de personas que se concentraron el pasado jueves ha vuelto a pedir a los regidores municipales que no se aplique la regulación que de otra manera comenzará este lunes día 18 de mayo. Alcaldesa y concejales relacionados del asunto, no habrán podido ni ver ni escuchar las peticiones de estos vecinos hoy ya que las oficinas y despachos están trasladados al centro municipal 'Eduardo Guitián' por las obras en la cubierta del vetusto edificio de la Plaza Mayor.
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Esta misma semana la alcaldesa, Ana Guarinos, declaraba públicamente que "de aquí al lunes (18/Mayo) pueden pasar muchas cosas" haciendo entrever que habrá algún cambio en la zona azul pero no dio detalles. Guarinos, mostró su respeto “total y absoluto a cualquier opinión”, ha señalado y que han mantenido muchos contactos al respecto.
Pues la de esta tarde es otra de esas expresiónes de la opinión de los vecinos que fue convocada anónimamente y sin ninguna organización política, sindical o vecinal detrás, que hayamos podido comprobar, y que se repetirá, por ejemplo mañana viernes día quince puesto que hay otra emplazada en el mismo lugar.
Cierto es también que la renovación del contrato municipal sobre el aparcamiento regulado se lleva adjudicando, negociando según pliego de condiciones y debatiendo desde hace años tras su conclusión. Y es solamente después de que haya pasado todos los trámites de la burocracia cuando la población se da cuenta de la inminente consecuencia hacia sus vidas y sus bolsillos.
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Aunque la decisión de hoy al lunes fuera romper el contrato (o modificarlo) la empresa concesionaria, Dornier, ya ha realizado sus inversiones para ponerlo en práctica para los próximos años.
...Y entonces nos preguntamos
¿La empresa aceptaría en silencio la reversión del contrato sin pedir indemnizaciones a corto y a largo plazo? Su plan de negocio a diez años contiene previsión de beneficios. ¿Renunciaría a ellos? ¿Cuál sería el previsible coste para las arcas municipales de tomar tal decisión en este momento como indemnizaciones, gratuidad del aparcamiento disuasorio, costes jurídicos en su caso e incluso volver a pintar de blanco en la más radical de los atrevimientos? ¿Hay trabajadores contratados que verían rescindidos sus contratos por falta de servicio activo?
Ante estos temas el futuro todavía es incierto a falta de 72 horas de lo que decida Ana Guarinos.
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Guarinos sobre la zona azul: “De aquí al lunes pueden pasar muchas cosas”
Manifestación por el no a la ampliación de la zona regulada de aparcamiento