Las víctimas eran engañadas con falsas de promesas de trabajo como peluqueras o cuidadoras de ancianos

En los registros se econtró droga y dinero en efectivo

La Policía Nacional ha liberado a 23 víctimas de explotación sexual, una de ellas con discapacidad intelectual, a quienes los miembros de una red de trata, que actuaba en las provincias de Guadalajara y Ciudad Real, entre otras; les habían prometido trabajo en peluquerías o al cuidado de ancianos para desplazarse a España desde Colombia.

Ocho supuestos integrantes de la dicha banda han sido detenidos y dos de ellos han ingresado en prisión provisional según ha informado la Dirección General de la Policía. De las detenciones dos se han producido en Guadalajara aunque desde la Dirección General de la Policia no se han querido facilitar más datos sobre el suceso, ni número de víctimas liberadas en la provincia ni la localidad donde se han producido los hechos. 

El entramado criminal estaba diseminado por las provincias de Jaén, Alicante, Guadalajara, Madrid, Lugo y Ciudad Real, donde se han realizado tanto arrestos como liberaciones.

La bautizada como operación Tactos ha acreditado que los supuestos tratantes realizaban las tareas de captación a través de conocidos de las víctimas -familiares o compatriotas- tanto en sus países de origen como en España.

Las víctimas captadas fuera de España, principalmente en Colombia aunque también en otros países latinoamericanos, entraban en nuestro país a través de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Lo hacían engañadas, ya que a muchas de ellas les habían prometido un trabajo en salones de belleza o cuidando ancianos y en condiciones muy diferentes a las que finalmente las sometían.

A las que eran captadas en España, la mayoría en situación irregular, las obligaban a prostituirse bajo el argumento de que debían pagar deudas contraídas en su país de origen.

Explotadas sobre palés

El entramado criminal explotaba sexualmente a sus víctimas bajo amenazas y las trasladaban con frecuencia de una provincia a otra, lo que a juicio de los investigadores dificultaba la detección de la actividad delictiva.

Los pisos en los que retenían a sus víctimas estaban dotados con cámaras de videovigilancia a través de las cuales las monitorizaban y unos palés sobre los que las explotaban.

Además, las mujeres no podían rechazar llevar a cabo los actos sexuales que las personas que pagaban por ellos les demandaban, tenían hacerlo aunque se sintiesen indispuestas y estaban obligadas a abonar la mitad de los beneficios económicos a los explotadores.

Todo ello quedaba reflejado en unos cuadernos que debían rellenar a diario.

Eran los integrantes de la trama quienes gestionaban a través de anuncios en páginas web de contactos el flujo de hombres que pagaban por acceder al cuerpo de las víctimas y quienes acordaban qué tipo de prácticas podrían llevar a cabo.

La investigación también ha descubierto que los arrestados compraban sustancias estupefacientes para ofrecerlas en los citados pisos y que adquirieron múltiples propiedades tanto en España como en Colombia con el dinero obtenido por estas vías.

Las mujeres fueron liberadas en las ciudades de Úbeda (Jaén), Alicante, Guadalajara, Alcalá de Henares (Madrid), Lugo y Ciudad Real, lugares en los que los agentes llevaron a cabo un total de diez registros domiciliarios.

En esas viviendas intervinieron teléfonos móviles, más de 500 euros en efectivo, cocaína, "tusi" o cocaína rosa y documentación relacionada con la trama.

A todos ellos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de dos de ellos.