El plazo dado para aprobar la normativa ha terminado

Esther Padilla es la portavoz del Gobierno de Castilla La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que el Ejecutivo central "reaccione cuanto antes" para que no sea necesario acudir a los tribunales a exigir el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, y ha adelantado que esta tarde hay una reunión programada en Madrid entre el Ministerio y la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa en Cuenca la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, que ha admitido que desconocen el orden del día de esa reunión entre la consejera, Mercedes Gómez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y por tanto no saben "si va a ser ahí donde vamos a conocer ese borrador de las reglas de explotación", pero ha advertido de que "la paciencia se está agotando".

Ha afirmado que Castilla-La Mancha se quiere centrar en el cambio de las reglas de explotación del trasvase, cuyo retraso está implicando consecuencias negativas para la región, y que en todo momento intentan mantener reuniones y contactos con el Ministerio para la Transición Ecológica.

Sin embargo, ha reconocido que "estamos ya fuera de todos los tiempos" y cada vez ven el asunto "con menos comprensión que al principio".

Ha recordado que, como avanzó el presidente regional Emiliano García-Page, si no se modifican las reglas "nos veremos obligados a pedir la ejecución de la sentencia e ir a los tribunales, pero ojalá no tengamos que llegar a ese punto y el Gobierno reaccione cuanto antes".

Padilla ha argumentado que "aquí no vale ganar tiempo, ni ponerse de perfil, ni intentar quedar bien con unos y con otros; hay unas normas que hay que cumplir", y ha incidido en que el hecho de carecer de unas reglas actualizadas "permite que se sigan aprobando trasvases como hicieron ayer", a la vez que ha recriminado que se haya ignorado el fin del año hidrológico, que impide ejecutar los trasvases no realizados.

La portavoz ha agregado que no es comprensible "que haya una directiva europea, que los jueces lo digan en sentencias, pero sobre todo que un gobierno que aprueba una norma y que ellos mismos, el Gobierno de España, decidan no cumplir con esa misma norma".

EFE