Y aseguran, en contra del Fiscal, que no recibieron trato de favor de los funcionarios de la Junta en su actividad.

Pablo Layna, representante legal del grupo Layna, durante su declaración esta mañana.

 Los hermanos Layna Calvo, M.A.L.C, S.L.C. y P.L.C., este último como representante legal del Grupo Layna Gestión de Residuos, han afirmado que no conocían las irregularidades que se estaban produciendo en la planta que alquilaron a KUK Medioambiente en Chiloeches (Guadalajara) y que no recibieron trato de favor de los funcionarios de la Junta en su actividad.

Así lo han señalado durante la sexta jornada del juicio oral, que se está celebrando en el edificio de los antiguos juzgados de Guadalajara por el incendio ocurrido en la planta en agosto de 2016, donde están acusadas 18 personas y tres empresas y en las que serán llamados más de 120 testigos.

La Fiscalía considera que los acusados en esta vista eran conocedores de la ilegal gestión, tratamiento, transporte y vertido incontrolado de residuos peligrosos y no peligrosos, algo que los tres hermanos Layna han negado. Sin embargo, en el escrito de acusación de la Fiscalía, se cita que se procedió a la mezcla de residuos  peligrosos con residuos no peligrosos, a la carga de camiones con dicha mezcla y a la confección de los albaranes y cartas de porte que amparaban ese traslado desde Chiloeeches a Valdemingómez  solo identificados como residuos de construcción y demolición, añadiendo que era el acusado J.A.M.G, que declarará el jueves, quien les permitió deshacerse de la mezcla camuflada de residuos peligrosos y no peligrosos mediante su vertido incontrolado en la planta que él dirigía.

P.L.C., que es representante legal del Grupo Layna, ha afirmado que hacían de intermediarios "entre el gran productor de residuos peligrosos y el gestor de los mismos en la planta de KUK" y ha explicado que tras la llegada de un comercial, también acusado, les habló de la posibilidad de abrir negocio con la gestión de residuos peligrosos ya que él tenía una cartera de clientes en la zona.

Fue entonces cuando alquilaron a KUK las instalaciones donde los llevaban, “se recepcionaban, descargaban y los gestionaba KUK”, según P.L.C, que ha señalado que él personalmente preguntó en varias ocasiones a los responsables de la planta si todo estaba en orden y le dijeron que así era.

Manuel Amador Layna, declarando en el tribunal Según Manuel Amador Layna, alcanzaron un acuerdo con KUK medioambiente para llevar residuos a su planta de Chiloeches, pero eran residuos de construcción, no eran peligrosos.

Layna hizo obras cuando llegó, entre otras, la balsa de lixiviados, aunque ellos no tenían autorización para gestionar residuos peligrosos pero sí para transportarlos.

Los tres hermanos han derivado las acusaciones en este comercial, lo que ha extrañado a la Fiscalía que recalcó que ellos eran los dueños y se supone que últimos responsables. En sus deposiciones no ha quedado claro cómo se hizo el cambio para gestionar residuos peligrosos, aunque la fiscalía lo vincula a la intervención del entonces viceconsejero de Medio Ambiente, también imputado, tras lo que se incrementó el volúmen de tratamiento en las instalaciones explotadas por Layna, pasando de 30 toneladas anuales a 1.000 toneladas, "contribuyendo a la acumulación y almacenamiento incontrolado de residuos peligrosos en la planta", sostiene la Fiscalía. Ninguno de los imputados ha querido responder a los abogados de la acusación popular, sólo al ministerio fiscal, al juez y a sus propios letrados.

"Para mí estos cinco años son un calvario"

Sergio Layna, encargado de la labor comercial, durante su deposición.Por su parte, Sergio Layna, encargado de la labor comercial, ha señalado que el Grupo Layna lleva 30 años trabajando "y ninguno de los hermanos hemos tenido un problema. Para mí estos cinco años son un calvario. Me señalan en cada sitio al que voy a vender un contenedor”.

“No creo que merezca esto. Estar trabajando toda la vida para que te señalen por un día”, ha señalado agregando que “si yo hubiera sabido algo a lo mejor habría matado a alguien, hablando mal”.

En la misma línea, su hermano Manuel Amador L.C. ha asegurado que ni él ni sus hermanos sabían de las irregularidades realizadas y que de haberlo sabido no lo habrían permitido.

Preguntados todos por si habían recibido trato de favor de funcionarios para realizar su actividad lo han negado.

Petición de 19 años de cárcel

La Fiscalía pide para cada hermano 19 años de cárcel por varios delitos: por participación en grupo criminal, dos años de prisión; por gestión peligrosa de residuos, siete años de prisión, y por explotación de instalaciones peligrosas, otros siete años, y por el delito continuado de falsedad de documento mercantil, tres años de prisión.

Los hechos que se están juzgando ocurrieron en 2016 pero la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses.

La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para estos acusados según señala en su escrito de más de 90 páginas que señala como acusados a seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha con diversos cargos en los momentos de los hechos.

Según la Fiscalía, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y en algunos casos, conociendo los incumplimientos de las empresas, se les mantuvo la autorización.

También señala numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas.

El escrito apunta que la investigación determinó que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.

Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra, que tuvieron que ser tratadas por la administración autonómica con fondos públicos.