El juicio por el incendio ocurrido en 2016 finaliza este viernes
El macrojuicio por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches entra en su recta final. Tras más de 40 sesiones, que se iniciaron el pasado 20 de septiembre, está previsto que la vista se dé por concluida el viernes 17 de diciembre. Tras la declaración de acusados y peritos y tras la presentación de las distintas pruebas, hoy ha comenzado la fase de informes y conclusiones de las partes.
La primera en presentar sus argumentos ha sido la fiscalía que durante tres horas ha estado desgranando los delitos, que a su consideración cometieron los acusados. Entre los acusados se encuentran seis altos cargos de la Junta a los que la Fiscalía considera responsables de un delito de prevaricación medioambiental continuada a los que se pide hasta 3 años de prisión y 13 de inhabilitación.
En su opinión la empresa que gestionaba la planta de Chiloeches estaba incumpliendo las condiciones en las que le fue concedida la licencia de actividad desde diez años antes de que se produjese el incendio, y la administración, a través de sus funcionarios, no hizo nada por exigir que la planta funcionase de forma correcta. En su alegato la fiscalía ha hablado de “permisividad en el funcionamiento contaminante de la actividad”, señalando que “se abandonó la custodia de los intereses generales en aras de defender los intereses económicos de una empresa”.
Las sesiones se han estado celebrando en los antiguos juzgados de Beladíez
En sus declaraciones ante el tribunal los altos cargos del Gobierno regional justificaron sus decisiones en que ellos “se fiaban de lo que les pasaban los técnicos”, “en que ellos solo firmaban”, “que no podían estar pendientes de cada expediente” o que tenían” muchos expedientes que firmar cada día”, unos argumentos que no son válidos para la Fiscalía quien ha señalado que “eso no borra la arbitrariedad del acto”, afirmando que “ellos son los garantes de la legalidad administrativa” y que si “eso se admite, es demoledor para los intereses generales de la sociedad”.
Mención especial a Sergio David González
Sergio González momentos antes de su declaración
La Fiscalía ha hecho un relato de los incumplimientos de cada uno de los altos cargos de la Junta incidiendo en que “no se comprobó el subsamiento de las deficiencias detectadas en informes anteriores”. Haciendo una mención especial a Sergio David González Egido que en aquel momento era vice consejero de Medio Ambiente y que anteriormente había sido delegado de medio ambiente en Guadalajara con el gobierno de Barreda . Ha recordado que es licenciado en ciencias químicas, propietario de una empresa de residuos y con formación en ese tema, por eso asegura que es “imposible que no conociera lo que estaba pasando” como declaró en sede judicial.
Si no se hicieron inspecciones en la planta durante el mandato de Urrea fue porque no se quiso
Sobre Cesar Urrea, ex- concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Chiloeches y ex alcalde del municipio, la fiscalía ha asegurado que “conocía la vulnerabilidad de la planta a nivel medioambiental” y ha recordado que cuando hubo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento se hicieron inspecciones por lo que “si no se hicieron antes es porque no se quiso”- ha asegurado.
Para la fiscalía está acreditado que llegaban a Chiloeches residuos procedentes de otras plantas, y aunque en la documentación ponía que iban a Alcalá en realidad se depositaban en el vertedero de Guadalajara.
Unas evidencias que han llevado a la fiscalía ha argumentar que el incendio fue “una materialización del peligro generado” durante años y las condiciones de almacenamiento “hicieron que ese incendio fuera aún más grave”.
Ha considerado probado que las empresas acusadas Kuk Mediambiente y Salmedina Tratamiento de Residuos tenían un negocio con la gestión de residuos peligrosos que no trataban adecuadamente; que los hermanos Layna, dueños de Kuk, son responsables de introducir esos residuos peligrosos, principalmente líquidos, y que los trabajadores acusados eran conocedores y no lo denunciaron.
“Consideramos que se realizó dentro de un grupo criminal organizado”, ha señalado la Fiscalía, motivado todo por el negocio existente para ambas empresas acusadas.
En este proceso se juzga a un total de 21 acusados -18 personas y 3 empresas.
