La fiscalía mantiene su acusación sobre 21 imputados.

Sergio David González, viceconsejero de Medio Ambiente, el mayor alto cargo de los imputados

 Así sucede con los altos funcionarios de la Junta de Comunidades imputados por la Fiscalía, y que sostiene que “el incendio de Chiloeches fue la materialización del peligro generado durante años”, por la repetición de irregularidades que dieron lugar a un siniestro que arrojó numerosas sustancias toxicas a la armósfera y a los arroyos cercanos a la planta, afluentes del Henares.

Todos los altos funcionarios de la Junta de Comunidades han reivindicado su inocencia, en la línea del abogado de la comunidad autónoma. Así, el cargo más alto de los imputados, el consejero de Medio Ambiente, Sergio David González, reiteró su inocencia en una declaración muy breve.

Miguel Chillaron aseguró que “estaba convencido de que actuaba con legalidad”, y de que estaban tutelados por la administración. Por ello, declaró que después de darle vueltas “obraría de la misma manera que era posible y actuamos conforme a derecho”.

En la misma línea, José María Micheleña declaró que la actuación que hemos realizado en el seno de la administración ha sido "correcta", porque "siempre ha estado ajustado a la legislación". "Reitero que soy inocente", añadió.

En esa línea, Maite Vasalán asegura rotundamente que actuaron conforme a derecho. Y Olga Villegas, precisó que "me quedo con la duda de sobre qué se me acusa porque después de haber explicado el trabajo que hicimos con esa empresa creo que no he infringido ninguna norma. Estoy orgullosa del trabajo que implementé y me siento castigada por hacer mi trabajo", abundó.La funcionaria de la Junta aseguró que "yo no eximí a la empresa de sus obligaciones, hice que cumpliese la norma".E hizo el siguiente reproche: "Siento frustración e impotencia y no sé qué hice mal. A eso se suma el daño personal al ver que mi nombre aparece en la prensa asociado a una trama criminal cuando no conozco a la mayoría de las personas que están aquí sentadas", añadió.

César Urrea, ex alcalde de Chiloeches.

El ex alcalde de Chiloeches, Cesar Urrea, del PP, se ha preguntado ¿qué pinto yo en este proceso judicial? Y se ratificó en que las autorizaciones a KUK se dieron con el informe favorable de los técnicos y que todo se hizo en la Junta de gobierno: “nunca he impedido el trabajo de los técnicos”, y añadió que "hubo inspecciones, me duele que se ponga en tela de juicio el trabajo de los funcionarios que son bastante competentes. Se me imputan cosas desde el 2011 cuando yo ya no estaba, ha sido una catástrofe natural que yo no he hecho”, exculpándose de su actuación por la que ha sido imputado.

Francisco Fernández García, representante de KUK, ha explicado los motivos que les llevaron a alquilar una parte del espacio al grupo Layna, contrato que se rescindió cuando vieron "irregularidades", se defendió. Reitera su inocencia y señala que ha perdido todo su patrimonio y sus posibilidades de desarrollarse como empresario: “para mí ha sido un auténtico desastre”.

Manuel Amador, trabajador de Layna, imputado, se ha declarado inocente, porque asegura que no hizo sino cumplir con su trabajo y las órdenes de sus jefes.

Amador Layna se declaró inocente, él y todos sus hermanos. /GUDiARIO.Pablo Layna habló en su nombre y él y de sus hermanos: "Nos declaramos inocentes mis hermanos y yo de lo que se nos acusa. Nunca hemos tenido sanciones, hemos estado orgullosos de nuestra empresa". Lamentó que sus hijos han sufrido las consecuencias "por apedillarse Layna, y han sufrido el escarnio de la competencia". Así, manifestó que hicieron todo lo posible por la gestión correcta de esos residuos.

José Antonio Morales, gerente Salmedina, se ratificó en su declaración durnate el juicio: “nada que decir”.

Y Juan José Gutiérrez de Loma lamentó que "esto me ha costado mi trayectoria profesional, estoy fuera de los residuos; no quiero saber nada de residuos, me parece lamentable que a los trabajadores se nos culpe de cosas que tienen que hacer trabajadores y empresarios". En la parte personal, reprochó, "por lo que he escuchado aquí, que he sido responsable de todo" y se autoexculpó en su declaración: "Por 1400 euros me parece de mal gusto meter en esto a los trabajadores".

Fiscalía: "Grupo criminal organizado"

Hay que recordar que el juicio por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches en agosto de 2016, se ha juzgado a 21 acusados por delitos que van desde participación en grupo criminal hasta prevaricación administrativa medioambiental o falsedad documental, entre otros.

La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para estos 21 acusados, que son 3 empresas y 18 personas y entre quienes están seis responsables de la Consejería de Agricultura que ostentaban diversos altos cargos en el momento del incendio.

Tras 40 sesiones en las que han declarado acusados, testigos y peritos, el pasado lunes se vio el informe de conclusiones del fiscal, que ha afirmado que los cargos administrativos responsables no evitaron la fatal gestión de la empresa que derivó en el incendio y que en “la evaluación ambiental fue omitido sistemáticamente”.

Se ha referido a la relación del que era delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha entre 2015 y 2016, acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental, y ha afirmado que “resulta imposible que no conociera” la gestión de ambas empresas al tiempo que ha considerado que no estaba desvinculado de las empresas acusadas, con las que anteriormente mantuvo relación. Sergio David González era delegado de Medio Ambiente cuando el incendio de Riba de Saelices, en el que murió el retén de Cogolludo, y aunque fue imputado por el juez instructor, la Audiencia Provincial lo absolvió. Con posterioridad fue promocionado por el gobierno del socialista de José María Barreda a viceconsejero de Medio Ambiente.

En relación con la administración local de Chiloeches, la Fiscalía sostiene que si no se hicieron antes las inspecciones y sanciones fue porque “no se quiso no porque no se supieran”, ya que nada más cambiar el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Chiloeches, cuando se marchó Urrea, se actuó y se detectaron.

La Fiscalía consideraprobado que las empresas acusadas Kuk Mediambiente y Salmedina Tratamiento de Residuos tenían un negocio con la gestión de residuos peligrosos que no trataban adecuadamente; que los hermanos Layna, y los dueños de Kuk, son responsables de introducir esos residuos peligrosos, principalmente líquidos, y que los trabajadores acusados eran conocedores y no lo denunciaron.

“Consideramos que se realizó dentro de un grupo criminal organizado”, ha señalado la Fiscalía; motivado todo por el negocio existente para ambas empresas acusadas.

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