Además niega que se haya paralizado el proyecto porque “no quieren dilatarlo”
Rosa Marís García, delegada de la Junta en Guadalajara
La Junta de Comunidades de CLM trabaja a toda máquina para cumplir el auto de Tribunal Superior de Justicia de CLM que le obliga a arreglar con plazos concretos el Fuerte de San Francisco en Guadalajara.
El pasado día 23 de febrero mandaron a la sala de lo contencioso administrativo de TSJCLM las actuaciones realizadas en el primer mes y hoy han informado de ello a los medios de comunicación.
En su comparecencia la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha dejado claro que se han cumplido las exigencias del alto tribunal y que así se seguirá haciendo “con transparencia, rigor técnico y el firme compromiso institucional que tiene el gobierno de CLM con las resoluciones judiciales”.
Todo en marcha
En este primer mes, tal y como fija el auto, se ha retomado el proyecto de la biblioteca en la nave de forja que finalmente costará más de 4 millones de euros, ya que, al proyecto de ejecución, de 2,8 millones de euros, hay que sumar el de instalaciones que supera el millón de euros. En total y uniendo ambos proyectos el incremento será del 46%. El siguiente paso será buscar una empresa que lo construya.
En esta nave se ubicará la biblioteca municipal
En cuanto a las naves taller ya se han puesto en contacto con las empresas para que actualicen los proyectos.
Lo que va más retrasado, aunque también está en marcha, es el desalojo de las familias que todavía viven allí y saber si tienen o no derechos para ser realojados. Según la delegada, aunque la Junta solicitó la información al ayuntamiento el pasado 4 de febrero la respuesta no llegó basta el día 23, justo cuando se cumplía el primer mes de plazo. Los datos tienen que ser ahora analizados para ver quien tiene derecho a realojo o no. También se tendrá que estudiar qué solución habitacional se les da porque todavía no se ha decidido.
Además, se han iniciado los trámites para adelantar el trabajo de otras actuaciones para el que se daba un plazo de cuatro y seis meses como eran la redacción de proyectos para rehabilitar el resto de edificios.
Sobre el coste total del proyecto, que el ayuntamiento de Guadalajara estima en 30 millones de euros, no hay una cantidad establecida. Según Rosa María García “vamos a paso a paso”. “Hay que cumplir una sentencia y el dinero hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Dónde hay que buscarlo? Pues se buscará porque hay que hacerlo”- ha rematado.

No hay ninguna paralización
La delegada ha negado, además, que los plazos para cumplir la sentencia estén paralizados tal y como se afirmó el pasado día 23 en un Aikeencuentro del que se hizo eco Guadalajara Diario “es rotundamente falso”- ha afirmado. La delegada ha señalado que “la Junta está cumpliendo lo que manda el tribunal, sin recursos, sin dilación de plazos y sin ninguna artimaña de las que insinúan.” Rosa María García explica que se ha pedido una aclaración a una duda, pero “no tiene efectos suspensivos, y no lo digo yo lo dicen nuestros servicios jurídicos. Se sigue trabajando con los plazos para no dilatarlo”.
Además, ha insistido en que esta gran inversión que se va a realizar no va a paralizar ningún proyecto de los que ya están en marcha para la ciudad y provincia “cumplimos el auto y seguimos trabajando en nuestra hoja de ruta. El compromiso del presidente con Guadalajara no se detiene”.
También ha tenido palabras para el ayuntamiento de la capital a quien ha pedido que dejen de atacar a la Junta “parece que su lema es cero propuestas y mil protestas” y les ha recomendado que se dediquen a gestionar la ciudad “que falta hace entre baches, autobuses, escuelas infantiles, aulas corresponsables… Ya tienen trabajo por hacer”- ha zanjado. Además, ha recordado que estos edificios una vez rehabilitados tienen que tener uso “sería lamentable que, tras el esfuerzo inversor de la Junta, los edificios quedaran sin uso. Ya ocurrió con el Tyce por lo que no sería ninguna novedad”.
Ha pedido celeridad al ayuntamiento para facilitarles la información que piden y que es imprescindible para que el gobierno regional pueda trabajar “menos exigencias y más colaboración”- les ha reprochado y ha recordado que ahora las aclaraciones “las tenemos que dar al juzgado y a nadie más”.
También ha recriminado que se organicen actos como el de Aike, en el que el gobierno regional no estaba presente, donde se traslada “información incompleta o directamente falsa” “porque no tienen toda la información y no se está contando la verdad y se está jugando sucio por interés político contando falsedades sobre la Junta”.
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