Dependerá de acuerdos concretos con las comunidades autónomas
El Gobierno prevé incluir el nuevo mapa de concesiones de transporte de viajeros en autobús en la futura ley de movilidad sostenible, con transferencias de fondos a las comunidades autónomas con las que se cierre un acuerdo y asumirá las líneas de aquellas que no acepten el pacto, aunque a estas no les cederá fondos, y se mantendrán todas las paradas actuales.
Fuentes del Gobierno consultadas por EFE han explicado que este nuevo mapa concesional irá recogido en la ley de movilidad sostenible actualmente en tramitación parlamentaria, como resultado de la negociación de enmiendas transaccionales con los grupos políticos.
Supondrá que, con o sin acuerdo con las comunidades autónomas, no se perderá una sola parada respecto a las del mapa concesional actual porque, en el segundo caso, las asumirá el Estado, aseguran las fuentes.
Así, en aquellas comunidades que acepten el acuerdo se establece un sistema de financiación "claro y con criterios transparentes", y se negociarán con cada una de ellas los tráficos que asumen y la financiación, que tendrá una base de cálculo ya establecida.
Para las comunidades que no acepten la segregación de los servicios, los seguirá prestando el Estado, tal como ocurre actualmente, pero no recibirán fondos.
Parada de autobús de Brihuega.El mapa estará aprobado en un año
El texto de las enmiendas pactadas determina que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley de movilidad deberá estar aprobado el nuevo mapa concesional, que incluirá la relación de todos los servicios de transporte público regular de personas por carretera de ámbito estatal.
El Gobierno preguntará a las comunidades autónomas si, en los tráficos que circulen íntegramente en sus territorios, aceptan la segregación como servicio independiente de competencia autonómica, y sobre los posibles nodos de intercambio de su red concesional con el mapa estatal para prestar el servicio íntegro al viajero.
El convenio con la comunidad y su financiación se hará estableciendo un coste medio por viajero/km y un coste medio por vehículo/km, tomando como referencia los contratos de ámbito estatal.
Se calculará la media ponderada de ambas estimaciones aplicando un factor de ponderación que tenga en cuenta la densidad y distribución de población en las comunidades afectadas.
La comunidades deberán destinar los fondos recibidos exclusivamente a financiar servicios de transporte público de viajeros que anteriormente estaban cubiertos por el servicio estatal.
Las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario, pero se atenderá también a la función de conexión territorial, con paradas que sirvan de conexión en aquellos lugares que no disponen de otro transporte alternativo.
Las paradas intermedias deberán facilitar los desplazamientos intermodales y estarán debidamente conectadas con los puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y otros nodos de transporte.
El mapa de estas concesiones es el que está ahora en revisión: según un primer documento que elaboró Ineco, la consultora pública que depende de Transportes, en el ámbito estatal se pretendía pasar de los 77 contratos actuales -que atienden 4.146 paradas en 1.840 municipios- a 22 concesiones, con 3.285 paradas en 792 municipios.
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EFE
