Una nueva normativa estatal pone en alerta al sector que pide apoyo y ayudas económicas
Antes de que acabe el mes de noviembre el Gobierno de España tiene previsto aprobar un real decreto que modificará los requisitos de los centros de Educación Infantil e incluirá nuevas ratios para el ciclo 0-3 años, una nueva normativa que ha provocado el malestar de los empresarios que tienen guarderías privadas en Guadalajara. Este colectivo, denominado Asociación de Empresarios de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara asegura que si se lleva a cabo esa reforma sin financiación suficiente, puede acelerar el cierre de escuelas, reducir plazas y destruir empleo.
La provincia de Guadalajara cuenta con 27 centros y 1.529 plazas, lo que se traduce en unos 150 puestos de trabajo la mayoría mujeres. En Guadalajara capital, según los datos y previsiones trasladados por esta asociación, se ha pasado de once centros privados a una previsión de solo siete en el próximo periodo. La asociación advierte de que, si continúa esta tendencia y no llega financiación, la red privada seguirá reduciéndose y muchas familias perderán opciones de escolarización y conciliación. Además se preguntan quién va a absorber esa falta de plazas teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Guadalajara solo tiene dos escuelas infantiles públicas en la ciudad.
La asociación de guarderías privadas se queja de que la reforma, que les va a suponer más personal y recursos materiales, se va a hacer sin escuchar a los que gestionan los centros que son quienes conocen sus necesidades y carencias. Además destacan que la política de apoyo a este tipo de centros es diferente en cada CCAA. Mientras en algunas se subvenciona hasta el 80% de lo que cuesta el centro, en CLM no hay ningún apoyo económico “No se puede exigir lo mismo a todos si las condiciones económicas para cumplirlo son radicalmente distintas”- señalan en un comunicado y recuerdan que si hay un sobrecoste eso se trasladará a las cuotas de las familias.
Por otro lado critican la actitud del equipo de gobierno del ayuntamiento de Guadalajara con el que no hay ninguna interlocución. La asociación recuerda que la anterior corporación, además de conceder al sector una pequeña ayuda económica que se mantuvo desde la pandemia, mantenía una comunicación fluida con sus representantes mientras que ahora no responde a ninguna de sus solicitudes.
ACEI reclama al Gobierno de España que no apruebe nuevas obligaciones sin diálogo y sin financiación garantizada; a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que establezca un sistema de apoyo económico para los centros privados autorizados; y al Ayuntamiento de Guadalajara, que recupere las ayudas y la interlocución con el sector.






