La reciente propuesta del nuevo Mapa Concesional de Transporte por Carretera, concretamente el Corredor 12 entre Madrid y Valencia, representa una amenaza directa a la vertebración del territorio y a la supervivencia de numerosos municipios de la provincia de Guadalajara. Como vecino de esta tierra, no puedo sino alzar la voz contra una medida injusta, arbitraria y profundamente insolidaria.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado un anteproyecto que, lejos de cumplir su promesa de reactivar la movilidad en el medio rural, la entierra. Hasta 41 paradas se verán suprimidas en líneas como la VAC-255, condenando al aislamiento a pueblos que ya sufren la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades. Pueblos como Rillo de Gallo, Mazarete, Torremocha del Campo o Luzón perderán su única conexión con la capital y otras ciudades clave. ¿Quién piensa en sus vecinos? ¿Quién garantiza ahora su derecho a la movilidad?

Este ataque no es menor. Significa condenar a cientos de personas a depender exclusivamente del vehículo privado o, sencillamente, a quedarse en sus casas. Significa perder acceso a servicios médicos, a oportunidades laborales, a recursos educativos, a la vida misma. Y todo ello mientras se sigue hablando de cohesión territorial, de reto demográfico y de “España vaciada” como grandes titulares sin contenido real.

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres es clara: el sistema debe satisfacer las necesidades de toda la comunidad y prestar especial atención a las zonas de difícil acceso. Sin embargo, el nuevo mapa concesional da la espalda a estas obligaciones. Parece que solo interesan los corredores rápidos entre grandes ciudades, ignorando por completo el principio de equidad territorial y el papel del autobús como herramienta flexible y accesible, incluso mediante paradas a demanda si fuera necesario.

Nos enfrentamos a una política de transporte pensada desde un despacho, con visión urbana y de corto alcance. Una política que olvida que los pueblos no son una carga, sino parte esencial del país. Y que, si queremos mantener vivo el medio rural, no basta con palabras: hacen falta infraestructuras, oportunidades y servicios básicos.

Desde el Senado, defenderemos con firmeza la retirada de este anteproyecto tal y como ha sido presentado. Exigiendo al ministro sensibilidad, diálogo y responsabilidad. Porque no se construye un país dejando atrás a quienes más necesitan del apoyo público. Porque cada parada suprimida es un vecino más condenado al olvido.

Lucas Castillo Rodríguez

Senador del Partido Popular por Guadalajara