El alcalde lleva todo el año gobernando en minoría tras el paso de una concejala del PP al grupo de no adscritos
Martín Vicente podría dejar de ser alcalde el 23 de septiembre/ Archivo
Tórtola de Henares, gobernada por el PP, podría pasar a manos del PSOE si prospera la moción de censura que los socialistas han presentado contra el actual alcalde, Martín Vicente Vicente. Una moción de censura que se debatirá el próximo 23 de septiembre.
Según informa el propio partido socialista la moción ha sido presentada por los cuatro concejales del PSOE y una ex concejala del PP, María José Mojón, que dejó el grupo político popular, aunque no su acta de concejal; a principios de año porque supuestamente, el alcalde, había agredido a su pareja.
Los firmantes proponen como candidata a la alcaldía a Ana Isabel Monge Álvarez, actual concejala del Grupo Municipal Socialista.
Un mandato lleno de complicaciones
El ayuntamiento de Tórtola cuenta con nueve concejales. Tras las elecciones de 2023 el alcalde del PP, mantuvo el bastón de mando, al contar con el apoyo de Dionisio Suena que se presentó a las elecciones por Vox, un apoyo con el que siguen contando aunque Suena se dio de baja en el partido de Abascal y ahora se encuentra en el grupo de No Adscritos, grupo al que también pertenece Mojón, ex del PP. Con esta situación el equipo de gobierno se encuentra en minoría.
Según el texto de la moción, la iniciativa responde a "una situación de deterioro político e institucional del actual equipo de gobierno", que ha dado lugar a "una gestión carente de cohesión política y ajena a los principios programáticos" con los que el Partido Popular se presentó a las elecciones.
Un deterioro que se hizo patente en el mes de marzo cuando el pleno del ayuntamiento, con los cuatro votos del PSOE más el de la concejala no adscrita, sacó adelante una moción para reprobar al alcalde.
En el texto de la moción de censura se destaca la necesidad de impulsar "proyectos largamente postergados", especialmente el desarrollo industrial del municipio, que consideran debe basarse "en el diálogo y la cooperación leal" con otras administraciones como la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España.
