Las empresas foltovoltaicas, con la inacción o complicidad de la administración autonómica, continúan imponiendo sus intereses puramente económicos por encima de terrenos con gran valor ambiental. Los tentáculos de poder de estas empresas han llegado incluso a conseguir modificar el perímetro de un espacio protegido en proceso de declaración adecuándolo a sus intereses, lo que les ha permitido comenzar a tramitar, en varios proyectos, la construcción de una megaplanta que podría llegar a 300 hectáreas.

Como ya se venía denunciando desde octubre de 2019 se pretende instalar un macroparque fotovoltaico en el municipio de Caspueñas, en un entorno con un valor ambiental y paisajístico de primer orden dentro de la provincia de Guadalajara, incluido en el espacio protegido “Paisaje Protegido Valle del Río Ungría”, cuya declaración se aprobó en 2017.

Lo que parecía un inaudito disparate como era el instalar un proyecto de estas características, con severos e irreversibles impactos ambientales dentro un espacio protegido, se está haciendo realidad gracias a la complicidad o, cuando menos, inacción de las Administraciones Públicas implicadas y de los grupos de acción para el desarrollo local, FADETA y ADAC, encarga dos de gestionar los fondos europeos que han financiado los estudios para la declaración del citado espacio protegido.

En la propuesta final sobre el Paisaje Protegido Valle del Rio Ungría, que este verano ha sido enviada por ADAC y FADETA a la Consejería de Desarrollo Sostenible para su inminente aprobación, se ha modificado el perímetro inicial a proteger que fue consensuado por los municipios afectados, con la clara intención de dar vía libre a las instalaciones fotovoltaicas.

Todo ello, sin informar a los alcaldes afectados. Lo que deja vía libre a las empresas fotovoltaicas,las cuales, pidiendo la Utilidad Pública para las nuevas instalaciones, pueden, además de eludir la normativa urbanística de los Ayuntamientos implicados, expropiar a los propietarios que no quieran participar en el proyecto y, posiblemente, a los que han aceptado arrendar sus tierras,en cualquier momento posterior.

Habría que preguntarse quién hay detrás de estas agencias de acción local para que, en muy pocos meses, hayan pasado de considerar las parameras y el valle del río Ungría como un entorno de un valor ambiental extraordinario a contemplarlo como un terreno comparable a suelo industrial. La escandalosa falta de transparencia de estas dos entidades y el hecho de que organizaciones empresariales privadas formen parte interesada de su gestión hace presagiar un grave conflicto de intereses en todo este asunto, que podría rayar la prevaricación.

Frente a todo este despropósito, ¿qué posición está adoptando la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Hasta ahora se había mantenido de perfil, excusándose en que el espacio protegido estaba en vías de declaración, aun a sabiendas del otro gran problema que se está produciendo: la especulación con las tierras en suelo rústico. Empresas respaldadas por inversores de todo tipo captan propietarios de tierra a quienes, inicialmente, se les ofrece una renta anual que multiplica por 30 aquélla que se obtiene de la agricultura (de 100 euros a 2000 o más por Ha). Dichas empresas especulan con los contratos de estos propietarios, cuyos derechos revenden a las empresas constructoras de los parques solares que, una vez construidos, a su vez son revendidos a las empresas eléctricas.

Todas las comisiones, intermediarios y enormes ganancias obtenidas en el proceso, sin lugar a dudas, serán imputadas en los recibos de los consumidores de electricidad.

Las Administraciones competentes no se están implicando lo suficiente para frenar esta nueva burbuja especulativa que tanto recuerda a la de la construcción. Falta una planificación del territorio que delimite los terrenos más adecuados para acoger estos macroproyectos desde un punto de vista técnico y ambiental. No hace falta recordar los enormes impactos que un proyecto de estas características ejerce sobre el medio: transformación drástica del paisaje tradicional de los páramos, severas afecciones a la flora y a la fauna, modificación de manera irreversible del uso de la tierra con eliminación de la capa de tierra vegetal, compactaciones profundas, cimentaciones de hormigón y grandes movimientos de tierra. Y, por si fuera poco, la ingente extracción de agua de los pozos que realizan para limpiar los paneles, que sin duda, provocan drásticas reducciones de los caudales en los acuíferos y manantiales que abastecen de agua potable a los pueblos del valle.

¿Este es el precio que tenemos que pagar por la transición energética? ¿Pueden decidir los grandes fondos de inversión y los cuatro propietarios ansiosos de multiplicar sus rentas, el emplazamiento y la magnitud de estas macroplantas solares, teniendo en cuenta que están condicionando el uso del suelo de manera irreversible para varias generaciones, incluso para
siempre? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía imperen los intereses privados sobre un patrimonio que es de todos, como el paisaje, la biodiversidad o los recursos hídricos? ¿Por qué no nos defienden los poderes públicos de este atropello más propio del siglo XIX y su sistema caciquil?

Estas situaciones se están repitiendo en multitud de localidades y comarcas de Castilla-La Mancha y en todo el país. La Consejería de Desarrollo Sostenible está a tiempo de parar este despropósito y cumplirsus propias directrices de desarrollo rural. Las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo o consumo comunitario son imprescindibles. Energías renovables y sostenibilidad deben ir de la mano. Las megainstalaciones ni son sostenibles ni mitigan la despoblación porque apenas generan puestos de trabajo, más allá de la etapa de construcción.

En consecuencia, especialmente en estos tiempos inciertos, se deberían preservar los recursos naturales y fomentar un desarrollo socioeconómico equilibrado, favoreciendo un turismo sostenible, ayudando a los emprendedores locales, reforzando las infraestructuras de comunicación y los servicios públicos básicos en el mundo rural.

Plataforma para la defensa del Paisaje Protegido Valle del Río Ungría