Dará una financiación de 40 millones que se repartirá en función de la densidad de población y la orografía
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha consumado su decisión de suprimir 28 paradas de autobús que daban servicio a numerosos pueblos de la provincia de Guadalajara dentro de la remodelación que ha hecho de la línea Madrid- Valencia. Un cambio que provocó importantes quejas de alcaldes de PP y PSOE que el pasado 22 de junio realizaron una jornada de protesta en Alcolea del Pinar.
Ante las protestas, que afectan a 83 paradas en las provincias de Guadalajara, Soria, Cuenca y Teruel, el Ministerio ha informado hoy que el servicio se seguirá prestando pero que pasará a depender de las CCAA para ello, en la reunión de la Comisión de directores generales de Transporte, que ha tenido lugar este miércoles 23 de julio; se ha ratificado que se ofrecerán una financiación extra de 40 millones para que se encarguen de esos desplazamientos interurbanos que antes dependían del Estado.
“De esta forma, desde la red estatal se gestionará la demanda de viajeros de largo recorrido, que permitirá una conexión más rápida y directa de los principales núcleos de población, al mismo tiempo que las Comunidades”- indican en un comunicado. “En cualquier caso, si las comunidades autónomas no aceptan la segregación de servicios ni la gestión de los tráficos de su competencia, estos se seguirán prestando a través de concesiones de la Administración General del Estado”.
“El cálculo de la financiación- continúa el comunicado- será fijado conforme a criterios objetivos y rigurosos que tengan en cuenta las características específicas de densidad, orografía y distribución de población de cada territorio.”
Reducción de tiempos y tarifas
El Ministerio defiende el nuevo mapa de concesiones, que afecta a 22 corredores, entre ellos el de Madrid- Valencia; porque permitirá reducir el tiempo de ruta de forma importante al no parar en los pueblos intermedios y un incremento del número de viajeros en un 40% según sus cifras.
Ahora hay que ver qué opinan los alcaldes afectados y la propia CCAA que se verá obligada a prestar ese servicio.
